LA REGION - 09/09/2010
En Misiones se profundiza la persecución y el hostigamiento judicial a los dirigentes sociales
Casals anuló los testimonios de todos los testigos ofrecidos por la defensa de Ortiz y Di Marco y cerró la instrucción de la causa. Denuncian que se que vulnera gravemente el derecho a la defensa de los referentes sociales judicializados por acompañar el reclamo de tareferos de Montecarlo en febrero del 2009. "Ha optado por la sanción más grave, y con ello ha dejado a esta parte sin ningún elemento de defensa, sin pruebas", se plantea en la apelación que será presentada esta mañana en Eldorado.
En medio de una serie de reclamos sociales que fueron cobrando fuerza y relevancia en las últimas semanas, de manera sorpresiva las causas penales contra referentes de las principales protestas registraron novedades.
El viernes se conoció que el Juez José Luís Casals dictó la nulidad de las declaraciones testimoniales de todos los tareferos que se presentaron en calidad de testigos en la causa que se instruye en el Juzgado Federal de Eldorado contra los referentes sociales Juan Carlos Di Marco y Rubén Ortiz, miembros del Movimiento Social de Misiones y de la CTA.
“Sorpresivamente el viernes recibimos la notificación que nos cierran la instrucción y paralelamente nos dejan sin pruebas. Es un golpe muy duro para la defensa, estas son las personas que estuvieron en los hechos que se les imputa a mis defendidos, eran los que podrían contextualizar las causas”, explicó la Dra. Roxana Rivas defensora de Ortiz y Di Marco y agregó
Casals argumenta que los testimonios “no fueron más que manifestaciones autoincriminatorias, las que no pueden ser valorados como prueba por haberse vulnerado en su aspecto formal, la garantía constitucional que establece la prohibición de coaccionar a cualquier individuo a declarar contra si mismo”.
Persecución y hostigamiento judicial
Desde la defensa denunciaron esta resolución como una clara intencionalidad de profundizar la política de criminalización de las protestas sociales sin atender las causas que las originan. “Estos testigos contextualizan la protesta, nosotros en todo momento buscamos que esta agente refleje en que contexto se dio la protesta y que cuentan básicamente cuales fueron los motivos, de extrema necesidad, que los empujo a adoptar esa modalidad”, remarcó Rivas.
La abogada defensora destacó además que el propio Casals reconoció en un fallo del año pasado, a partir de una acción de amparo presentada por los tareferos contra la ANSES, el estado de extrema vulnerabilidad de estos trabajadores y sus familias y la necesidad de que el estado garantice el respeto de los derechos básicos que estaban siendo violentados.
“Para la defensa esos testimonios son relevantes porque dejan más que claro que en el contexto en que se desarrolló la protesta del año pasado no era necesario ningún instigador”, insistió la Dra. Rivas y agregó que “aquí se avanza peligrosamente sobre los derechos y garantías de Ortiz y Di Marco, o cómo se entiende que se desestime los testimonios de testigos presenciales de los hechos, los únicos hábiles para declarar sobre una cuestión sumamente dificultosa de acreditar como es la instigación”.
La abogada insistió que en el expediente no existe elemento alguno que pueda sostener los roles de instigador de Ortiz y Di Marco que Casals les endilga. “Fueron los mediadores, los facilitadores, lo reconocen los propios testigos aportados por los denunciantes y lo reconoce el propio juez, entonces de dónde se desprende que fueron los instigadores”, se preguntó la defensora.
Rivas lamentó además que se haya descalificado de tal modo a los tareferos quitándoles la posibilidad siquiera de presentarse como testigos “para ellos la criminalización de la protesta y de la pobreza ha llegado a un punto tal que hasta les quitan la habilidad de ser testigos en lo que ha sido su propia historia”, sostuvo.
La abogada defensora insistió en que el juez Casals conoce perfectamente las circunstancias que llevaron a los tareferos a los cortes de ruta, “lo reconoció en la instancia civil cuando fallo contra la ANSES reconociendo la extrema vulnerabilidad de estas familias por lo que no puede argumentar que estos trabajadores necesiten de la instigación de Ortiz y Di Marco para encarar los reclamos”, agregó.
LA CAUSA
La causa que tiene como procesados a Rubén Ortiz y Juan Carlos Di Marco fue abierta en febrero del 2009 en el juzgado Federal de Eldorado a raíz de la intervención de la gendarmería nacional en los cortes de ruta protagonizados por tareferos de esa zona en reclamo del subsidio para la inter zafra. Se los acusa de los delitos de corte de ruta e instigación a cometer ese hecho.
En el mismo expediente se agregó poco después una denuncia penal del Ministro de Gobierno Jorge Franco en calidad de funcionario provincial, un hecho que se presento como una novedad en los procesos de criminalización de protestas sociales en la Argentina. Era la primera vez que un funcionario del rango de Franco se presentaba como denunciante en causas penales contra luchadores sociales.
09-09 |
Casals defiende a los tareferos ya que Ortiz y el otro quieren diluir su culpa en mucha gente. Tienen toda la libertad de expresarse como quieran, pero háganse cargo de las consecuencias.
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