PROVINCIALES - 05/07/2012

El fallo de primera instancia cuyos fundamentos aún no trascendió, hace lugar al amparo en dos de los 5 expedientes abiertos por tareferos, en este caso de la ciudad de Oberá quienes resolvieron esta judicialización meses después de un grupo de trabajadores rurales de Montecarlo consiguieran también vía amparo judicial el cese de los descuentos.
“Este es un precedente muy importante, que estábamos esperando hace mucho tiempo, y ahora resta que el juez falle en el mismo sentido en los otros expedientes los iniciados con anterioridad, inclusive, en el juzgado federal de Eldorado”, destacó la Dra. Roxana Rivas abogada patrocinante, junto al Dr. Gustavo Haene, de los tareferos.
“Es una muy buena noticia, ahora con más fuerza vamos a reclamar que nos devuelvan lo que nos sacaron, que la ANSES cumpla esta sentencia”, agregó Cristóbal Maidana secretario General del Sindicato de Tareferos al enterarse de la noticia.


La cautelar del 2009

En diciembre del 2009 se conoció el primer fallo de Casals, en la presentación hecha por tarefero de Montecarlo, haciendo lugar a la media cautelar pedida por los trabajadores y ordenó como medida preventiva el cese de los descuentes sobre las asignaciones familiares y las ayudas escolares. Un mes después lo mismo resolvió en el expediente impulsado por tareferos de la Oberá.
En los fundamentes de ese primer fallo, diciembre 2009 y enero del 2010, el Dr. José Luis Casals describió la situación de extrema vulnerabilidad de este sector de trabajadores y no desconoció que los descuentos compulsivos de ANSES agravaron aún más la misa. “Es la población laboral más vulnerable en el espectro de actividades de la provincia y por consiguiente una de las más desprotegidas lo que requiere la adopción de medidas por parte esta jurisdicción” y agrega que deberán tomarse “como acción preventiva las medidas que sean acordes para restituir el derecho afectado hasta tanto se logre dilucidar los verdaderos motivos que han llevado a la administración a adoptar la suspensión a tales pagos, todo ello en concordancia con la protección integral que se debe otorgar a los menores dentro del consabido precepto del interés superior del niño previsto en la convención sobre los derechos del niño aprobado por la Asamblea de Naciones Unidas y que integran el plexo constitucional a partir de 1994”.
Esta convención, continúa diciendo Casals en su fallo, “taxativamente impone en su artículo tercero la obligación de los Estados partes que en cada medida que se adopte en el plano de las instituciones públicas o privadas, tribunal, órganos, legislativos o autoridades administrativas deben dirigirse primordialmente a tal interés y otorgar la protección y cuidados que sean necesarios para el bienestar de los mismos, premisas esas que se han de cumplir por medio de la disposición que se pretende al suspenderse las retenciones que se ejecuta por la administración”.
Unos 90 trabajadores lograron presentarse en el amparo judicial, unos 700 niños y niña, hijos de estos tareferos fueron afectados por la decisión del organismo nacional.
 

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